El pasado 1 de julio entraba en vigor en España la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, mucho más conocida con el nombre de Ley Mordaza. El apelativo popular y periodístico que ha recibido la norma está más que justificado: constituye, junto con algunas modificaciones del Código Penal que se tramitan de manera simultánea, el más serio retroceso que han sufrido los derechos y las libertades en España desde la transición democrática de finales de los años 70. La ley no consiguió, durante su tramitación, ningún apoyo parlamentario de la oposición, y fue aprobada con los únicos votos del partido de gobierno, el Partido Popular de Mariano Rajoy. Los partidos de izquierda la han recurrido ante el Tribunal Constitucional, pero no cabe esperar grandes resultados de un tribunal que se ha caracterizado tradicionalmente por su alineamiento con el gobierno.

Los aspectos de la ley que más protestas han suscitado son los referidos a las severas restricciones que impone al derecho a la la libre expresión de posiciones políticas y al derecho de manifestación. Son restricciones diseñadas como respuesta a diversas acciones de protesta pacífica que se han sucedido en España en los últimos años.

Con una gran manifestación en Madrid, el 15 de mayo de 2011, empezaba lo que se conocería como el movimiento de los “indignados”, una oleada de protestas sociales contra la corrupción, contra el anquilosado sistema político español y contra el dominio que los bancos y las corporaciones ejercen sobre ese sistema. Algunas de las protestas tuvieron lugar ante el Congreso de los Diputados y ante parlamentos autonómicos, como el de Cataluña. Uno de los artículos de la Ley Mordaza, en respuesta, tipifica como infracción que puede ser sancionada “cualquier perturbación del orden” que se produzca ante el Congreso, el Senado o los Parlamentos autonómicos.

Otro movimiento ciudadano que se ha hecho visible en los medios de comunicación y en la calle es el de las “plataformas anti-hipoteca”, que ha protagonizado una gran cantidad de acciones de protesta ante la ejecución de los desahucios llevados a cabo por las entidades bancarias en caso de impago de hipotecas. También estas acciones tienen su disposición ad hoc en la Ley Mordaza, que establece que la policía puede sancionar a quienes “obstruyan a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial en el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales”.

O pensemos, también, en aquellas acciones, tan características de Greenpeace o de otros grupos ecologistas, que buscan la visibilidad mediática gracias a activistas que se cuelgan de edificios tales como centrales nucleares u obras de gran impacto ambiental. La ley también se acuerda de ellos, y fija las prohibiciones y sanciones correspondientes.

Uno de los artículos que ha resultado más controvertido es el que quiere favorecer la opacidad de las actuaciones de las fuerzas de orden público, prohibiendo tomar y publicar (en las redes sociales, por ejemplo) fotografías de policías, bajo el pretexto de que ello puede poner en peligro su seguridad o la de los edificios que protegen, o que puede poner en riesgo el éxito de una operación. No es difícil ver que se trata de una norma que trata de obstaculizar cualquier vigilancia ciudadana sobre la actuación de las fuerzas de seguridad.

De manera paralela a la Ley Mordaza, el gobierno preparaba una modificación del Código Penal que, en muchos aspectos iba en la misma dirección. Las modificaciones, junto a aspectos de protección del menor o de la propiedad intelectual, incidían en aspectos como las facilidades dadas para tipificar comportamientos diversos como delitos de terrorismo e introducían la “prisión permanente revisable”, un eufemismo para referirse a la cadena perpetua, contraria al ordenamiento constitucional español. El nuevo Código Penal entraba en vigor en España al mismo tiempo que la Ley Mordaza: se trata de dos textos legales que conforman un único paquete de medidas de represión.

La Ley Mordaza y la reforma del Código Penal fueron recibidas con críticas desde el momento en que se empezó a conocer su contenido. Los partidos de izquierda, buena parte de la prensa, movimientos ciudadanos y una gran cantidad de voces del mundo de la cultura y del derecho señalaron su carácter represivo. Las críticas rápidamente se internacionalizaron. Ya en abril de 2014 (más de un año, por tanto, antes de que se llegara a la aprobación definitiva), el Secretariado Internacional de Amnistía Internacional publicaba un informe de cerca de 100 páginas con el significativo título “España: el derecho a protestar, amenazado”. Las recomendaciones finales, en sentido absolutamente contrario a la nueva ley, instaban a los poderes públicos a regular de la forma menos restrictiva posible el derecho de manifestación y a introducir mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para las fuerzas policiales.

El gobierno español no debía sospechar que la Ley Mordaza sería puesta en cuestión desde las más altas instancias de las organizaciones internacionales. En febrero de 2015 Naciones Unidas publicó un informe que firmaban tres relatores especiales de la Organización y en el que se denunciaba que las leyes españolas amenazan con violar derechos y libertades fundamentales”. Sin embargo, el titular de prensa según el cual “Naciones Unidas acusa a España de recortar derechos y libertades” no pareció ejercer ninguna presión efectiva sobre el ánimo de unos gobernantes decididos al retroceso democrático.

Poco después, en abril, llegaría otro mazazo contra el prestigio internacional del gobierno español, en forma de editorial del New York Times. El título del texto es perfectamente indicativo de su contenido: “Spain’s Ominous Gag Law”, y su párrafo final ataca donde más duele, es decir, en la comparación con la dictadura franquista: “Spain’s new gag law disturbingly harkens back to the dark days of the Franco regime.”. Es conocido, sin embargo, que a los dirigentes del Partido Popular la acusación de franquistas no les resulta particularmente ofensiva.

Otro ejemplo de eco internacional de la nueva legislación se producía el pasado mes de agosto, y se refería a una sanción impuesta a una ciudadana ya en aplicación de la ley en vigor. La noticia aparecía en “Le Monde” y otros medios franceses el pasado mes de agosto, y recogía la noticia de una ciudadana de Petrer, una localidad de Alicante, que recibía una multa de 800 euros por publicar en las redes sociales una fotografía de un coche de la policía aparcado en una plaza reservada a minusválidos. Las explicaciones de la policía, según las cuales era un coche actuando en una situación de emergencia, podrían servir para explicar el estacionamiento del vehículo pero difícilmente justifican la multa. La información se acompañaba de una fotografía de una joven manifestándose con una mordaza en la boca.

El próximo mes de diciembre se celebrarán en España unas elecciones generales de las que puede salir un nuevo gobierno del Partido Popular o un gobierno de las fuerzas políticas que han recurrido la Ley Mordaza ante el Tribunal Constitucional. La sociedad española, y la sociedad internacional, debe seguir exigiendo la supresión de estos nuevos textos legales. La manera cómo se resuelva esta cuestión será indicativa de si nos encontramos (en España, pero también en el conjunto de Europa) en un momento histórico marcado por el retroceso de los derechos y las libertades o si nuestras sociedades continúan avanzando, aunque sea con pasos atrás tan significativos como éste, hacia mayores cotas de libertad. De momento, lo que se ha vivido en España equivale a un retroceso de muchos años que difícilmente será olvidado por esta sociedad.