En los últimos veinte años, Ciudad Juárez, Chihuahua, se convirtió en una de las ciudades más violentas del mundo. Su condición de frontera con Estados Unidos la ha convertido en un sitio ideal para el tránsito de los migrantes hacia el norte, para la industria de las maquiladoras en busca de mano de obra barata, para el paso ilegal de drogas.

Sus avenidas amplias —solitarias, silenciosas— han sido la zona perfecta para secuestrar mujeres, para matarlas y para arrojarlas en una parte del desierto. Todo lo negativo en una sociedad comenzó a emerger, entre otras cosas, por la disputa de grupos criminales por un territorio que les dejaría poder y dinero, y que originalmente estuvo controlado por el Cártel de la Línea, ubicado en dicho estado.

En “Juaritos” —como lo conocen sus habitantes—, antes que la violencia se impusiera a los modos de vida, la gente salía a caminar, se divertía por las noches, hacía una vida común y corriente. El terror hizo que se cambiara la rutina por completo. Palabras como balaceras, levantones, secuestros, carjacking, halcones o toque de queda se volvieron parte de la vida cotidiana.

Padres de familia comenzaron a morir, en las escuelas —de todos los niveles socioeconómicos— los maestros se encontraban con una nueva situación: cómo tratar a los huérfanos del narco.

Los activistas que salían a las calles a manifestarse por las muertes de sus hijas (feminicidios) o por los casos judiciales inconclusos, dejaron de hacerlo por las amenazas que recibían. En las calles del centro aparecían cuerpos acribilados y en los centros comerciales se registraban percances entre integrantes de grupos criminales, cuyas balas perdidas herían o mataban a inocentes.

Fue el 1 de marzo de 2009, cuando 2 mil elementos del ejército mexicano arribaron a lo que entonces se denominó la ciudad más peligrosa de México, con el fin de detener los asesinatos: tan sólo un mes antes habían muerto 250 personas. Para la gente de “juaritos” la llegada de los militares —quienes “resguardaban” el lugar junto a agentes de la Policía Federal— representó un antes y un después, aunque las muertes no cesaron.

En ese momento las calles estaban custodiadas por la armada y vacías por sus ciudadanos.

Juárez, uno de los sitios claves en México para el negocio de las organizaciones criminales, es, también, el primer escenario que gracias a sus terribles condiciones dio un cambio radical en la forma de hacer periodismo en México.

Diario de Juárez
Uno de los deberes del periodista, del reportero, es el de retratar con fidelidad su realidad, el momento que vive, y contestar a dos preguntas fundamentales: ¿por qué? y ¿para qué? Así, con esta fiel, histórica y noble actividad profesional, El Diario de Juárez continuó con su tarea de retratar la realidad, ahora con las atrocidades que vivían día con día, debían preguntar cuál era el origen de los hechos.

Todo transcurría con una aparente, sólo aparente, tranquilidad, hasta que en noviembre de 2008, Armando Rodríguez, reportero de El Diario de Juárez fue asesinado. Días antes, él publicó un artículo donde comprobaba que el sobrino del procurador local estaba relacionado con grupos de narcotraficantes. Recibió amenazas y el 18 de ese mes, un hombre entró a su cochera, donde lo asesinó frente a su hija. Un año después acribillaron al investigador federal que llevaba su caso, un mes después, asesinaron al reemplazo del investigador.

El 16 de septiembre de 2010, el fotógrafo Luis Carlos Santiago fue atacado por un grupo de hombres armados, quienes le dispararon hasta verlo morir.

Dos periodistas muertos en menos de dos años fue más que un aviso a los medios de comunicación.

¿Qué quieren de nosotros?
Los asesinatos —con la desesperación, el miedo, el coraje y la impunidad— fue lo que llevó a los integrantes de El Diario a publicar un editorial dirigido expresamente a los narcotraficantes, un hecho inédito en la prensa mexicana, titulado “¿Qué quieren de nosotros?”:

“Señores de las diferentes organizaciones —inicia el texto— que se disputan la plaza de Ciudad Juárez: la pérdida de dos reporteros de esta casa editora en menos de dos años representa un quebranto irreparable para todos los que laboramos aquí y, en particular, para sus familias. (...)Somos comunicadores, no adivinos (...) Queremos que nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros”.

Y continúa: “Ustedes son, en estos momentos, las autoridades de facto de esta ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo. (...) Esta no es una rendición se trata de una tregua para con quienes han impuesto la fuerza de su ley, con tal de que respeten la vida de quienes nos dedicamos al oficio de informar (...) En Ciudad Juárez hemos llegado a un punto en el que es necesario —y urgente— adoptar otro tipo de medidas para obligar a las autoridades establecidas por ley, a ofrecer respuestas más contundentes, porque la capacidad de tolerancia de tantos ciudadanos dolidos ha rebasado ya sus límites”.

“El Diario asume la postura de llamar a los grupos en pugna a que expresen qué es lo que quieren de nosotros como comunicadores”, concluye.

Rocío Gallegos, jefa de información del diario, cuenta que en aquellos días, “en medio de nuestro llanto, de nuestro dolor, nos reunimos con los reporteros y jefes del diario. No sabíamos qué iba a ocurrir, qué iba a pasar con nuestras familias, con nuestro trabajo. Tuvimos una junta y de ahí salió un documento [el editorial], porque no sólo querían despojarnos de la vida de nuestros periodistas, sino de nuestro derecho de expresión y de información, así que decidimos que no íbamos a dar marcha atrás, porque, entre otras cosas, esa declaratoria era una forma de reconocer y recordar a nuestros colegas. Recuerdo que, con la muerte de Luis Carlos Santiago, decayó completamente nuestro ánimo profesional; tuvimos ataques de ira, de llanto. Sin embargo hemos salido adelante y no hemos de hacer nuestro trabajo, que cada día cuesta más”.

Gallegos recuerda que todos estos sucesos los llevó a cambiar radicalmente las formas de trabajo, tomaron precauciones para seguir ejerciendo el periodismo y para cuidar a su familia. “Ahora hay información que no se firma —comenta la periodista—, que es mejor mantener en el anonimato.

Hoy, no sólo Ciudad Juárez enfrenta un nuevo reto, México recibe un nuevo gobierno, cuya historia es peculiar en relación con la libertad de expresión. A decir de Gallegos la situación política está cambiando. “En ese sentido veo una situación que prende focos en amarillo y rojo. Por la experiencia que tengo en las diversas administraciones gubernamentales y siendo el PRI es el partido que gobierna al Estado de Chihuahua, hay situaciones que ellos no toleran en relación con el trabajo periodístico y de investigación: no soportan las críticas. Son señales de que esto afecte a la situación de libertad de expresión. Debemos de salir a defender nuestra libertad y estar atentos a todo para poder actuar”.